El subdirector de Fiscalización de Aduanas de Chile, Javier Uribe, se refirió al proceso de modernización que enfrenta el organismo y la aprobación de la nueva ley que actualiza la legislación aduanera, la cual estuvo entrampada en el Congreso por más de cuatro años y enfrentó a diversos actores.

A la espera de la promulgación y publicación del reciente cuerpo legal, el personero analizó el nuevo escenario con las diversas modificaciones y que además entrega una serie de facultades al ente fiscalizador, producto de lo cual se encuentran trabajando en una reglamentación interna para la implementación de esta ley.

Amplía la prescripción

Dentro de las aspectos relevantes de la normativa, Uribe resaltó que se aumentó de uno a dos años el plazo de prescripción de la acción respecto a los derechos dejados de percibir y, además, también se extendió el plazo en relación con tratados y acuerdos, para hacer investigaciones más prolongadas, ya que “antes teníamos plazos muy cortos”.

Sobre fortalecimiento de la fiscalización del Servicio de Aduanas, el personero acotó que “siempre tiene que estar el continuo mejoramiento y para ello hemos tomado varias medidas, hemos creado algunas unidades al interior de la dirección nacional, como la Unidad de Tecnología no invasiva, de la que depende el camión escáner; hemos creado hace poco una Unidad de Análisis a nivel de dirección internacional y el año pasado superamos todos los índices comparativos del año anterior en distintas áreas, no tan sólo en drogas, sino que también en otros ilícitos”.

Respecto a las críticas sobre actuales controles, que se centran, en gran medida, en revisiones documentales, cuyas multas son bajas y generan una elevada carga de trabajo tanto para la Aduana como para los importadores, lo que se traduce en una menor rentabilidad para el Fisco y el sector privado, generando también una mala evaluación a la labor del servicio, el personero comentó que “siempre es necesario hacer análisis documental, para hacer un cruce de información con la mercancía propiamente tal que va saliendo y se mantiene en los distintos contenedores. Hoy día estamos tratando de aumentar la fiscalización hacia situaciones de mayor relevancia y saliéndonos un poco, a veces, de las pequeñas fiscalizaciones. Eso va de la mano con un buen trabajo de análisis que estamos haciendo a nivel de servicio”.

Modificaciones

El abogado Rodrigo González Holmes, exsubdirector jurídico del servicio en el Gobierno anterior, quien trabajó por 16 años en la institución, entregó su opinión sobre la nueva ley.

Como experto en materias aduaneras y antes de la entrada en vigencia del cuerpo legal, el profesional argumentó que vienen “muy importantes modificaciones para el sistema aduanero de nuestro país”, tales como el Operador Económico Autorizado (OEA) o la Destinación Aduanera de Depósito, que permitirá realizar procesos menores a mercancías antes de ser importadas y el retiro de mercancías sin previo pago de derechos para algunos importadores. “Hay cambios bien relevantes que estamos revisando en el ámbito de la actividad de los puertos, almacenes extraportuarios, agentes de aduana e importadores”, detalló.

González resaltó además que “estas mismas empresas y otros actores de la cadena logística pueden certificarse como OEA”, para acceder a beneficios de control y simplificación de procesos aduaneros.

Ello permitirá que la Aduana oriente la fiscalización a los envíos u operadores verdaderamente riesgosos en términos de evasión y contrabando. “Me llama la atención eso sí, que se haya rebajado la pena de multa para el contrabando de cigarrillos y otros productos con impuestos especiales, por ejemplo licores, ya que de la multa actual de 1 a 5 veces el valor de la mercancía, ahora será de 50% a 300% de los tributos, lo que puede dar como resultado un monto más bajo en su aplicación efectiva por los tribunales”.

Más recaudación fiscal

El análisis del abogado apunta a que el contrapeso a la facilitación viene dado por la mayor recaudación fiscal que se espera al ampliarse el plazo para formular cargos de 1 a 2 años. “Pero la medida más importante, a mi juicio, es que en caso de verificaciones de origen de Tratados de Libre Comercio, este plazo será en la práctica de 5 años. Si consideramos que cerca del 80% de las importaciones se acoge a algún acuerdo comercial como Estados Unidos, China, Unión Europea o Mercosur, este plazo ampliado pasará a ser la regla general. Esta norma incide en la aplicación práctica de las preferencias arancelarias con todos nuestros socios comerciales”, aseveró.

A su vez, se espera que, dentro del presente año, el Ministerio de Hacienda dicte los decretos y reglamentos para la aplicación de las nuevas normas, lo que va a permitir conocer los aspectos operativos de los nuevos procedimientos y medidas de facilitación.

En cuanto a la oposición que ha presentado la Asociación de Funcionarios (Anfach) a la nueva ley, el abogado González señaló que “ninguno de los avances y ninguna modernización real se va a lograr si no contamos con la adhesión real de los funcionarios del servicio. Confío en que las relaciones laborales se recompongan y para eso ambas partes deben hacer esfuerzos poder dejar atrás el conflicto”.

Fuente: Cámara Aduanera de Chile.