Fuente: MDZol (Mendoza)

Ni bien pasó Uspallata, Francisco Sanhuesa, el chofer, aceleró y comenzó la carrera para ganar tiempo en la Aduana. No es el único que estaba en ese plan y el cálculo es matemático: por cada colectivo que se logra sobrepasar, es una hora de “ahorro” para llegar a Chile. Es la ley de la selva porque no hay controles. El colectivo se ladeaba en las curvas , los bolsos de mano se cayeron y los pasajeros comenzaron a quejarse. En la ruta 7, en alta montaña, hay 10 curvas señaladas como peligrosas. Sanhuesa pasó 8 sin respetar las reglas. En la novena provocó la peor tragedia vial de la historia mendocina.

Pedro Antonio Vargas era el auxiliar de abordo. Cuando terminó de servir el servicio de cena se sentó a mitad de la unidad, cerca del asiento 20. Al pasar Puente del Inca, Vargas se paró y la advirtió a Sanhuesa. “Baja la velocidad, vas muy rápido”, le dijo. Ya era tarde: hubo un movimiento brusco y en la curva del Yeso, pocos metros más adelante del ingreso al Aconcagua, el colectivo colapsó y volcó. La recomendación en todas las guías es no pasar a más de 40 kilómetros por hora en la zona. Los peritajes preliminares determinaron que iba a 101 kilómetros por hora en esa zona. No hubo frenadas, solo un estruendo. El colectivo volcó sobre su izquierda y derrapó arrastrándose en diagonal a gran velocidad sobre el asfalto y luego sobre la tierra. Eso fue lo que provocó la mayor cantidad de víctimas. Esa es la mecánica del accidente que se reconstruyó en el expediente judicial, donde hay decenas de testimonios que coinciden. El fiscal Gustavo Pirrello tiene casi confirmada la hipótesis del exceso de velocidad. Aún faltan algunos peritajes de fondo, pero hasta ahora todo compromete al chofer.

El interno 2267 de la empresa Turbus tenía horario de salida a las 22.15. A esa hora la terminal era un caos por la superposición de salidas. La Comisión Nacional Reguladora del Transporte debía controlar. Sin embargo en la investigación no figura ningún registro de control de la CNRT. La representante de ese organismo en Mendoza, Carmen Castex, estaba de vacaciones y se mantuvo igual luego de la tragedia. El colectivo de Turbus estaba habilitado por las autoridades chilenas y podía circular en Argentina por el convenio de reciprocidad que hay. Eso permite que Sanhuesa haya podido ejercer sin que los argentinos conozcan sus antecedentes, pues no figuran en la base de datos pública de la CNRT.

En la lista “oficial” de la empresa figuraban 37 pasajeros. Luego hallaron un lista en el interior del colectivo donde figuraban 40. Pero se detectaron 41 personas entre muertos y heridos. Los datos no coincidían: había personas con DNI cambiados y números cruzados. Horas después de la tragedia ocurrió algo que podría considerarse “un milagro”. Dos familias fueron a buscar los cuerpos de sus allegados a la morgue, porque debían viajar en el colectivo de la tragedia. Pero no estaban: se habían subido a la unidad que partió 15 minutos antes.

La ruta

La tragedia de Horcones dejó 19 muertos y marcó un nuevo hito en la historia de la ruta 7. Es que las peores tragedias viales ocurrieron en distintas zonas esa ruta. Ocurrió en 2014 en San Martín y volvió a pasar en alta montaña hace una semana.

En la investigación por el incidente de Turbus tampoco figura aún que haya habido controles en la ruta. Mendoza no tiene controles de exceso de velocidad en ninguna ruta provincial y nacional. No hay radares ni forma de certificar oficialmente esas infracciones. La ruta 7 es jurisdicción de Gendarmería, aunque esa fuerza no tiene una dependencia especializada en seguridad vial. Apenas hay registros escritos. “Los controles los podemos hacer cuando Gendarmería nos pide ayuda”, se excusan desde la Policía de Mendoza. Incluso se esperaba que esta semana lleguen finalmente dos radares para poder medir la velocidad.

Los testimonios que certifican las advertencias y en particular la del auxiliar de abordo juegan en contra del chofer y abona la grave acusación que pesa en su contra: homicidio simple con dolo eventual por la muerte de 19 personas. Eso significa que Sanhuesa sabía que por la imprudencia podía matar.

La defensa tiene como prioridad en su estrategia cambiar la carátula de la causa, ahora o llegado el momento del juicio. La intención de ellos es encarar la causa como homicidio culposo. Ya hubo casos polémicos donde en juicio se cambió el enfoque y las condenas a quienes son culpables por las muertes en accidentes fueron leves.

Los choferes tienen instructivos específicos. Los formales, que indican las velocidades máximas, las zonas peligrosas y riesgos. Del lado argentino hay 10 curvas críticas: la de Guido (Km. 1115), el sector de túneles y curvas (entre los kilómetros 1117 al 1120), la Curva de los Chilenos (Km. 1136), la curva del Túnel 12 en Polvaredas (Km. 1187), la Curva de la Mirian (Km. 1192), la del Arroyo Negro (Km. 1194), el puente en curva sobre el Río Mendoza (Km. 1200), la curva del Tiempo (Km. 1205), la curva del Yeso (Km. 1224) y la de la Soberanía, (Km. 1228/30).

Pero así como tienen las recomendaciones formales, también está la ley no escrita que siguen: de este lado de la codillera saben que no hay control y por eso se animan a pisar el acelerador, a pesar de la cantidad de los recursos que, en teoría, se avocan a la seguridad vial. “No tenemos poder de policía. Solo hacemos apoyo cuando nos solicitan ayuda. En la ruta 7 es Gendarmería quien tiene la potestad”; explicaron desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial, otra de las dependencias acostumbrada a realizar propaganda con el tema. Esa Agencia envió peritos especializados para evaluar la que ocurrió en la tragedia. Entre otras cosas analizarán el estado de la ruta, si hay señalización suficiente, las condiciones ambientales que había y también la pericia del chofer. Cuando organizaban esos operativos ocurrió otra tragedia. Cuatro personas murieron en un choque entre un auto y un camión. Fue a pocos kilómetros sobre la misma ruta nacional 7.

Fuente: MDZol (Mendoza)